Ya hay ejemplos, fundamentalmente entre las Administraciones Locales, que en algunos casos tienen en la pública Tragsa una vía alternativa para que asuma los contratos. Asimismo, el contexto actual está afectando al ritmo de ejecución de muchos otros contratos, llegando en algunos casos a su práctica paralización. Además, se están empezando a observar licitaciones desiertas, a las que ninguna empresa concurre por la inseguridad que implica la ausencia de una cláusula de revisión de precios. Más aún, hay casos en los que las empresas adjudicatarias han llegado a desistir del contrato antes de empezar y asumir las penalizaciones pertinentes.
La obra pública enfrenta así su tormenta perfecta, propiciando la ralentización de los planes de inversión y desarrollo de infraestructuras de las Administraciones Públicas. Todo en pleno arranque de los fondos europeos para la recuperación, cuya ejecución, al menos una parte, está en cuestión por esta situación.
Aún hay muchos entes públicos que no recogen en sus pliegos de contratación la revisión de precios
Meses atrás el Gobierno comenzó a implementar en algunas de sus empresas públicas la revisión de precios para los nuevos contratos. Así lo hizo el mayor licitador de España, el gestor de las infraestructuras ferroviarias Adif. También lo han abordado otros entes locales como, por ejemplo, la Junta de Castilla-La Mancha. Lo ha implementado en una de sus recientes licitaciones más relevantes, la del nuevo Hospital de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, con un presupuesto de 136 millones de euros.
Pero aún hay muchos entes públicos que no recogen en sus pliegos de contratación la revisión de precios, lo que está desembocando en que desde hace unos meses se acumulen las licitaciones que se quedan desiertas. De ello dará cuenta hoy la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que ha elaborado un informe para constatarlo. Las incertidumbres son tantas que incluso algunos adjudicatarios han renunciado a los contratos antes incluso de arrancarlos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con ACS y Ascán, que desistieron el pasado otoño del contrato del Gobierno de Cantabria para construir el último tramo entre la S-10 y la S-30.
El caballo de batalla principal de las constructoras se centra ahora en que el Gobierno aporte soluciones para las miles de obras que están en ejecución y que se están viendo afectadas por la escalada de los materiales de construcción en un entorno, además, en el que la inflación supera el 6%.
Los abandonos se refieren por ahora a contratos de cuantías limitadas con entes locales
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya anticipó hace unos meses que desde el Ejecutivo se estaba trabajando en las fórmulas legales para solventar la problemática. Su número dos, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, afirmó posteriormente, a finales de noviembre, que “esa amenaza cierta para el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación nos ha obligado a activar esos mecanismos de compensación, que estamos cerrando en el Gobierno teniendo en cuenta toda la coyuntura económica y pensando en los posibles escenarios que vienen en los próximos meses”. Sin embargo, cuando el mes de enero encara su cierre, esos mecanismos aún no se han aprobado y la normativa para su desarrollo sigue atascada en los ministerios de Hacienda y Economía, según explican en el sector fuentes conocedoras.
La coyuntura ha propiciado que empiece ya a haber paralizaciones o, cuanto menos, ralentizaciones, de obras, señalan diversas fuentes empresariales, aunque desde las patronales del sector se niegan a señalar qué contratos en concreto están afectados.
Redunda en la temeridad
Las tensiones financieras para las empresas son crecientes, de ahí que el sector urja una solución por parte del Gobierno. No en vano, de acuerdo con fuentes sectoriales, son ya varios los contratos que han sido abandonados en las últimas fechas ante la incapacidad de las empresas contratistas para hacer frente a los sobrecostes. Una circunstancia que redunda en aquellos proyectos que se adjudicaron ya con bajas al borde de la temeridad, lo que ya de por sí tradicionalmente ha determinado que en ocasiones se produjeran abandonos -ocurre así en muchos contratos de servicios, como los de limpieza de instalaciones públicas-. Por ahora, indican las mismas fuentes, se corresponden mayoritariamente a proyectos de una envergadura limitada y correspondientes a Administraciones Locales, como Autonomías, cabildos o diputaciones. En algunos casos, aunque de manera no significativa, ante el incumplimiento del contrato, el ente público en cuestión recurre mediante encargo a Tragsa como medio propio.
El peso de los encargos a Tragsa derivados de proyectos que han sido abandonados o de licitaciones desiertas suponía hasta junio de 2021 el 6% de toda su cartera, frente al 2% de 2020, si bien es inferior a la media de los últimos seis años, situada en el 8%. De hecho, desde la empresa pública aseguran que “el volumen de encargos derivados de abandono es el de cualquier año”, al menos hasta ahora.
En el caso de los proyectos más relevantes por cuantía, el músculo financiero de las empresas que los ejecutan les permite, hasta el momento, recurrir a otras opciones, antes del abandono, como la reclamación administrativa.
La licitación sube un 80%
La licitación pública acumulada entre enero y noviembre de 2021 ascendió a 21.032 millones de euros, lo que representa un alza del 80,3% con respecto al mismo periodo de 2020, un año severamente afectado por la pandemia, según los datos difundidos por Seopan. Se trata de una cantidad que también supera ampliamente los registros de 2019, con un incremento del 28,1%.
Fuente: eleconomista.es
